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Comunicación de accionista y beneficiario final en el Banco Central del Uruguay

Comunicación de accionista y beneficiario final en el Banco Central del Uruguay

14 Agosto, 2017

El pasado 21 de julio el Banco Central del Uruguay (BCU) emitió la circular número 133/2017

El pasado 21 de julio el Banco Central del Uruguay (BCU) emitió la circular número 133/2017 mediante la cual regula el capítulo II de la Ley de Transparencia Fiscal (LTF) 19.484, en lo que refiere a la identificación del beneficiario final y titulares de participaciones patrimoniales nominativas, y el Decreto 166/2017.

La LTF establece que a partir del 1 de enero de 2017, las entidades residentes y ciertas entidades no residentes deben identificar a sus beneficiarios finales, contando y conservando con la documentación que lo acredite fehacientemente, debiendo comunicarlo al Registro existente en el BCU.

Las sociedades con acciones al portador ya comunicaron a dicho Registro la identidad de sus accionistas por ende deberán comunicar los beneficiarios finales, mientras que las sociedades con acciones nominativas deberán identificar al accionista y al beneficiario final.

¿Quiénes deben comunicar al registro la identidad de sus accionistas y beneficiarios finales?
El decreto reglamentario enumera a las siguientes entidades:

Entidades residentes:

a) las sociedades anónimas; b) las sociedades en comandita por acciones; c) las sociedades y asociaciones agrarias reguladas por la Ley N° 17.777, de 21 de mayo de 2004; d) los fideicomisos y fondos de inversión; e) las sociedades de responsabilidad limitada; f) las sociedades de hecho; g) las sociedades colectivas; h) las sociedades en comandita simple; i) las sociedades de capital e industria; j) las cooperativas; k) las fundaciones; l) los grupos de interés económico; m) las sociedades y asociaciones civiles; ñ) en general, toda otra entidad comprendida en lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Nº 19.484, de 5 de enero de 2017.

Entidades no residentes: Aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

a) Actuación en Uruguay mediante un Establecimiento Permanente. b) Radicación en Uruguay de su sede de dirección efectiva para el desarrollo de actividades empresariales en el país o en el exterior. c) Titularidad de activos situados en territorio nacional por un valor superior a 2.500.000 UI (aproximado de US$ 300.000), de acuerdo a las reglas de valuación de activos aplicables en Impuesto a la Renta de Activiades Económicas (IRAE).

Se incluyen asimismo a los beneficiarios de fondos de inversión y fideicomisos del exterior, cuyos administradores o fiduciarios sean residentes en el territorio nacional.

Entidades residentes en situación de liquidación: Para el caso de entidades que se encuentran en liquidación, con excepción de las entidades disueltas de pleno derecho conforme la Ley 19.288, el Decreto prevé que las mismas estarán obligadas por las disposiciones de la Ley que se reglamenta hasta tanto la entidad no haya presentado clausura por cese de actividades ante la Dirección General Impositiva y declarado: a) la extinción de la totalidad del pasivo y adjudicación de la totalidad de los activos; b) la anulación o destrucción de la totalidad de los títulos representativos de participaciones patrimoniales; c) la identificación del liquidador o administrador.

¿Que deben comunicar las entidades obligadas?

En el caso de las sociedades con acciones al portador, deben identificar sus beneficiarios finales. Las entidades nominativas deberán informar sus accionistas y beneficiarios finales.

Se entiende por beneficiario final a la persona física que directa o indirectamente posea como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital integrado o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal a una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. En el caso de fideicomisos deberá identificarse la información respecto al fideicomitente, fiduciario y beneficiario.

La comunicación se realiza mediante dos formularios diseñados por el BCU. "Formulario A" en el cual el interesado envía la información a la entidad y "Formulario B” por el cual un representante de la entidad informa al Registro.

Los beneficiarios finales que controlan directamente la entidad deben informar: nombre de la persona física titular, estado civil con identificación del cónyuge y especificación del régimen de bienes, domicilio real, y en su caso, fiscal y constituido ante la Dirección General Impositiva, nacionalidad, aportando según corresponda, número de cédula de identidad expedida por la Dirección Nacional de Identificación Civil, número de identificación expedido por el Registro Único Tributario (RUT) de la Dirección General Impositiva, o documento de identificación fiscal expedido por otro Estado.

Los beneficiarios finales que controlen indirectamente la entidad deberán informar además de lo mencionado en el párrafo anterior: composición de la cadena de titularidad, indicando para cada persona jurídica, fideicomiso, fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica, en el caso de personas jurídicas o de otras entidades: denominación social y nombre de fantasía de la persona jurídica o entidad, lugar y fecha de constitución, domicilio, sede, domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal, número de identificación expedido por el Registro Único Tributario (RUT) de la Dirección General Impositiva o número de identificación fiscal expedido por otro Estado, en su caso.

En ambas situaciones deberá indicarse si el beneficiario final es o no residente.

Respecto del capital integrado o su equivalente, derechos de voto, u otro medio de control se debe informar: a) Porcentaje de los que cumplen las condiciones de beneficiarios finales; b) Porcentaje de los que no las cumplen; c) Porcentaje de los que se desconoce al beneficiario final; d) Porcentaje de capital integrado o su equivalente cuyos titulares sean sociedades que coticen a través de bolsas de valores nacionales, de bolsas internacionales de reconocido prestigio o de otros procedimientos de oferta pública, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados.

Plazos para la presentación de la información al BCU.

Las entidades con acciones al portador deben informar antes del 30 de setiembre 2017 (a partir del 1 de agosto de 2017 ya pueden realizar la comunicación).

Las restantes entidades deben comunicar antes del 30 de junio de 2018 (a partir del 1 de mayo 2018 ya pueden realizar la comunicación).

Toda modificación de los datos contenidos en la declaración, deberá ser comunicada dentro de los 30 días de su verificación para el caso de residentes, o dentro de los 90 días de su verificación para el caso de que los beneficiarios finales o los titulares de participaciones o títulos nominativos sean no residentes. No se deberá comunicar cuando existan modificaciones en el valor nominal del capital sin alterar el porcentaje de participación de los titulares o del control de beneficiarios finales.

Entidades excluidas de identificar al beneficiario final. 1. Las entidades cuyos títulos de participación patrimonial sean propiedad, directa o indirectamente, de sociedades que coticen a través de las bolsas de valores nacionales, internacionales de reconocido prestigio o en otros procedimientos de oferta pública, siempre que los títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados. 2. Los fondos de inversión y fideicomisos constituidos en el exterior inscriptos y supervisados por el órgano de contralor en su país de residencia, cuyos beneficiarios sean sociedades que coticen en bolsas de valores de reconocido prestigio y, en su defecto, siempre que exista la obligación de identificar a su beneficiario final conforme a las normas de dicho país y se encuentran vigentes con el mismo instrumentos efectivos de asistencia administrativa mutua para intercambio de información. 3. Los condominios, las sociedades conyugales y las sociedades de bienes reguladas por la Ley 18.246 (unión concubinaria). 4. Las entidades cuyos títulos de participación patrimonial coticen a través de bolsas de valores nacionales, de bolsas internacionales de reconocido prestigio o de otros procedimientos de oferta pública, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados. 5. Las entidades disueltas de pleno derecho conforme a lo establecido en la Ley N° 19.288 6. Las entidades no residentes cuyos activos consistan únicamente en: i) participaciones patrimoniales en entidades residentes; ii) créditos por importaciones de bienes, anticipos de exportaciones, dividendos o utilidades a cobrar, servicios personales, materiales y financieros a cobrar, arrendamientos, comisiones y regalías a cobrar iii) préstamos o colocaciones, incluyendo títulos, bonos y otros instrumentos de deuda de cualquier clase, y sus rendimientos a cobrar. 7. Las asociaciones civiles que tuvieran ingresos de cualquier naturaleza al cierre del ejercicio anual por debajo de 4:000.000 unidades indexadas, o activos por un valor inferior a 2:500.000 unidades indexadas, valuados de acuerdo a las normas del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas. 8. Los fideicomisos y fondos de inversión supervisados por el Banco Central del Uruguay.

Entidades exceptuadas de informar al BCU.

Las siguientes entidades deberán cumplir con la obligación de identificar a los beneficiarios finales, manteniendo registros de la información que puede ser solicitada en cualquier momento por los organismos que tengan derecho a acceso al Registro o la Auditoría Interna de la Nación, pero no estarán obligadas a presentar la declaración jurada al BCU. Estas son: • Las sociedades personales o sociedades agrarias (Ley 17.777) en que la totalidad de cuotas sociales pertenezcan a personas físicas, siempre que sean estas sus beneficiarios finales. Se considerarán sociedades personales las sociedades colectivas, sociedades en comandita simple, sociedades de capital e industria, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades en comandita por acciones respecto del socio comanditado. • Las sociedades de hecho y sociedades civiles integradas exclusivamente por personas físicas que sean sus titulares efectivos. • Las cooperativas integradas exclusivamente por personas físicas, siempre que sean sus titulares efectivos.


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