# coding: utf-8 Ley de Transparencia Fiscal - Solution Alliance
Ley de Transparencia Fiscal

Ley de Transparencia Fiscal

07 Abril, 2017

En los últimos días el Poder Ejecutivo emitió decretos reglamentarios sobre la información que debe ser revelada por las instituciones financieras a la Dirección General Impositiva, y esta a los fiscos internacionales, y sobre el procedimiento de redomiciliación de sociedades extranjeras en nuestro país. Anteriormente se había regulado sobre la definición de entidades de baja o nula tributación (BONT).

Estas normas reglamentan parcialmente la ley 19.484 de Transparencia Fiscal ("LTP").

A continuación realizamos un repaso sobre las principales modificaciones que introduce la LTP y los aspectos reglamentados a la fecha.

En los últimos días el Poder Ejecutivo emitió decretos reglamentarios sobre la información que debe ser revelada por las instituciones financieras a la Dirección General Impositiva, y esta a los fiscos internacionales, y sobre el procedimiento de redomiciliación de sociedades extranjeras en nuestro país. Anteriormente se había regulado sobre la definición de entidades de baja o nula tributación (BONT).

Estas normas reglamentan parcialmente la ley 19.484 de Transparencia Fiscal ("LTP").

A continuación realizamos un repaso sobre las principales modificaciones que introduce la LTP y los aspectos reglamentados a la fecha.

A) INFORME AUTOMATICO DE SALDOS Y RENTAS DE ORIGEN FINANCIERO A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y A FISCOS DEL EXTERIOR.

La LTP modifica las normas de secreto bancario para que las entidades financieras residentes en la República y las sucursales situadas en el país de entidades financieras no residentes, suministren anualmente a la Dirección General Impositiva (DGI) la siguiente información de cuentas mantenidas por personas físicas, jurídicas u otras entidades que configuren residencia fiscal en Uruguay u otro país:

  • El saldo o valor de la cuenta al cierre del año civil así como su promedio anual durante el referido año o, en el caso de cancelación de la cuenta, la cancelación de la misma.

  • Toda ganancia o rendimiento generado por el saldo o valor en cuenta y por activos financieros en custodia o en inversión por cuenta y orden de terceros, cualquiera sea su naturaleza o denominación.

Se consideran cuentas financieras los títulos de deuda o participación en el capital de fideicomisos, fondos de inversión y otras entidades que realicen actividad de custodia o de inversión por cuenta y orden de terceros, así como los saldos correspondientes a cualquier beneficiario.

Se entenderá por entidades financieras obligadas a informar:

A) Las que realicen actividad de intermediación financiera.

B) Todas aquellas entidades que realicen actividad de custodia o de inversión por cuenta y orden de terceros, aun cuando no estén bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay.

C) Las entidades de seguro, con relación a los contratos de seguro, cuando los mismos establezcan el reconocimiento del componente de ahorro en la cuenta individual, y los contratos de renta vitalicia.

La información que reciba la DGI podrá ser utilizada en sus actuaciones inspectivas y de control del cumplimiento de la normativa tributaria y en el intercambio de información con otras Administraciones Tributarias en el ámbito de los compromisos internacionales de intercambio de información financiera adoptados por Uruguay (“Common Reporting Standard”).

El Decreto 77/2017 establece umbrales de comunicación de la información por parte de las entidades financieras a la DGI y de Uruguay a terceras Administraciones Tributarias.

Cuentas reportables a DGI:

(A) Para cuentas preexistentes de personas jurídicas u otras entidades NO RESIDENTES, si su saldo o valor al 31 de diciembre de 2016 o al 30 de junio de 2017 supera los USD 50.000. A partir de 2019 este valor se reduce a USD 20.000.

(B) Para las cuentas preexistentes de personas físicas, jurídicas u otras entidades RESIDENTES, si su saldo o valor al 31 de diciembre de cada año o su valor promedio anual, supera las 400.000 UI (aproximadamente US$ 50.000). A partir de 2019 este valor se reduce a UI 160.000 UI (aproximadamente USD 20.000).

Para las personas físicas no residentes no existe umbral para exceptuarlas de reporte.

Intercambio de información de Uruguay con terceros países:

(A) Personas Físicas no residentes fiscales en Uruguay:

A partir de 2018, para cuentas abiertas con posterioridad al 1 enero 2017, sin importar su monto.

A partir de 2018, para cuentas preexistentes al 1 enero 2017, cuyo saldo o valor acumulado al 31 de diciembre de 2016 o al 30 de junio de 2017 sea superior a US$ 1.000.000.

A partir de 2019 para las demás cuentas preexistentes, sin importar su monto.

(B) Respecto de Personas Jurídicas y otras entidades: A partir de 2018, para cuentas abiertas con posterioridad al 1 enero 2017, sin importar su monto.

A partir de 2018 para cuentas preexistentes al 1 enero 2017, cuyo saldo o valor acumulado al 31 de diciembre de 2016 o al 30 de junio de 2017 iguale o exceda los US$ 250.000.

A partir de 2019 para cuentas preexistentes cuyo saldo o valor acumulado iguale o exceda los US$ 250.000 al 31 de diciembre de cualquier año posterior.

B) IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL Y DE LOS TITULARES DE PARTICIPACIONES NOMINATIVAS.

A partir del 1 de enero de 2017, las entidades residentes deben identificar a sus beneficiarios finales, contando y conservando con la documentación que lo acredite fehacientemente, debiendo comunicarlo al Registro del Banco Central del Uruguay.

Las sociedades con acciones al portador ya comunicaron a dicho Registro la identidad de sus accionistas por ende deberán comunicar los beneficiarios finales, mientras que las sociedades con acciones nominativas deberán identificar al accionista y al beneficiario final.

Se entiende por beneficiario final a la persona física que directa o indirectamente posea como mínimo el 15% del capital o equivalente, o de los derechos a de voto.

En el caso de fideicomisos deberá identificarse la información respecto al fideicomitente, fiduciario y beneficiario.

Las entidades no residentes deberán cumplir con esta norma siempre que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

  1. Actúen en Uruguay mediante un Establecimiento Permanente.

  2. Radiquen en Uruguay su sede de dirección efectiva para el desarrollo de actividades empresariales en el país o en el exterior.

  3. Sean titulares de activos situados en territorio nacional por un valor superior a 2.500.000 UI (aproximado de US$ 300.000), de acuerdo a las reglas de valuación de activos aplicables en IRAE.

Se incluyen asimismo a los beneficiarios de fondos de inversión y fideicomisos del exterior, cuyos administradores o fiduciarios sean residentes en el territorio nacional.

El Poder Ejecutivo establecerá (en Decreto reglamentario aún no emitido) los plazos, formas y condiciones en los que las entidades deberán cumplir las mencionadas obligaciones, en plazos que la ley acota a:

  • 30 de setiembre de 2017 para el caso de las entidades comprendidas en la Ley 18.930 (identificación de titulares de participaciones al portador).

  • 30 de junio de 2018 para el caso de entidades emisoras de acciones nominativas, sociedades personales y demás entidades.

Las modificaciones posteriores a la primera comunicación, deberán ser informadas dentro del plazo de 30 días a partir de su verificación, o de 90 días si los titulares de las participaciones son no residentes.

Se excluye de la obligación de identificación a:

  • las sociedades personales o sociedades agrarias en que la totalidad de cuotas sociales pertenezcan a personas físicas, siempre que sean estas sus beneficiarios finales,

  • las sociedades de hecho o civiles integradas exclusivamente por personas físicas que sean sus beneficiarios finales.

  • las entidades cuyos títulos de participación patrimonial sean propiedad, directa o indirectamente, de sociedades que coticen en bolsas de valores nacionales, internacionales de reconocido prestigio o en otros procedimientos de oferta pública, siempre que los títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados.

  • Los fondos de inversión y fideicomisos debidamente constituidos y supervisados por el país de residencia, de acuerdo a los criterios que establezca la reglamentación.

  • Los condominios, las sociedades conyugales y las sociedades de bienes reguladas por la Ley 18.246 (unión concubinaria).

C) NORMAS TRIBUTARIAS APLICABLES A ENTIDADES RESIDENTES EN PAISES DE BAJA O NULA TRIBUTACION (BONT)

El 13 de febrero 2017 se emitió el Decreto que define a los países de baja o nula tributación (BONT) a los cuales afectan los cambios introducidos en la LTP.

Se consideran países, jurisdicciones o regímenes de baja o nula tributación, a los que:

  • Sometan las rentas provenientes de actividades desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente en la República a una tasa inferior al 12%; y

  • No tengan vigente un acuerdo de intercambio de información o convenio con cláusula de intercambio de información, o, encontrándose vigente: no resulte íntegramente aplicable para todos los impuestos cubiertos por el acuerdo; o no se cumpla en forma efectiva.

El Decreto encomendó a la DGI a la elaboración de una lista de países BONT, lo cual realizó mediante la resolución 1315/2017 del 14 de marzo. https://www.impo.com.uy/diariooficial/2017/03/15/um.pdf

Cambios tributarios aplicables a las entidades BONT:

  • Venta de acciones de una sociedad BONT que sea titular de activos en Uruguay.

Será renta de fuente uruguaya las rentas correspondientes a la transmisión, constitución o cesión de usufructo de acciones y otras participaciones patrimoniales de entidades BONT en las que mas del 50% de su activos valuado de acuerdo a las normas del Impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE), se integre, directa o indirectamente, por bienes situados en la República.

El titular de la acción de la entidad BONT tributará en Uruguay el IRPF; IRnR o IRAE según corresponda.

-Tenencia de inversiones en el exterior a través de una sociedad BONT cuyo accionista es una persona física residente fiscal en Uruguay.

A partir del 1 de enero 2017 la persona física residente fiscal en uruguay deberá computar en cabeza propia, las rentas percibidas por la entidad BONT, ya sean rendimientos de capital como incrementos patrimoniales. La tasa de imposición continúa siendo 12%.

Si la tenencia de inversiones en el exterior se realizara con una sociedad no BONT la tributación sería al momento de distribución de los dividendos por parte de dicha sociedad a la persona física residente (tasa 12%).

Si la tenencia de inversiones en el exterior la realiza directamente la persona física residente en Uruguay, tributará solamente sobre intereses, diviendos y rendimientos de otras colocaciones de capital (tasa 12%).

  • Enajenación de bienes intangibles por una entidad BONT a un contribuyente de IRAE.

Se considerará renta de fuente Uruguaya la enajenación de intangibles a ser utilizados dentro del territorio nacional. El monto imponible será la totalidad del ingreso de fuente uruguaya. Tasa 30,25%.

  • Tenencia de un inmueble en Uruguay a través de una sociedad BONT.

Las rentas que obtengan una sociedad BONT por la enajenación o arrendamiento del inmueble estarán gravadas a la tasa de 30,25%.

La tasa de impuesto al patrimonio por los activos que tenga la entidad BONT en Uruguay se incrementa de 1,5% a 3%.

Ante estas penalizaciones en la tenencia de inmuebles con sociedad BONT, la LTP establece dos facilidades:

  • Período de transición para transferir el inmueble a una persona física o entidad no BONT, con exoneración de impuestos.

Hasta el 30 de junio de 2017 se permite la transferencia de los inmuebles cuyo titular es una entidad BONT a otros sujetos (personas físicas o jurídicas no BONT) exonerando a esta operación de IRnR y de Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales. Esta exoneración está condicionada a que la entidad que adquiere no sea BONT, y que en un plazo de 30 días de la transferencia la entidad BONT sea clausurada ante la DGI y los organismos de seguridad social (si se la inscribió).

  • Flexibilización en el procedimiento de re domiciliación de una sociedad extranjera a Uruguay.

Se establece un régimen especial para las sociedades constituídas en el extranjero que deseen redomiciliarse en el Uruguay. El 3 de abril de 2017 se emitió el decreto que reglamenta este procedimiento, por el cual la sociedad del exterior debe resolver adoptar un estatuto tipo de sociedad anónima que emitirá la Auditoría Interna de la Nación (AIN), y justificar su existencia, vigencia, y requerimientos de integración de capital establecidos en la ley 16.060. Una vez aprobado por la AIN se debe proceder a la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, y publicar en el diario oficial y otro de circulación privada.

El trámite deberá iniciarse ante la AIN antes del 30 de junio 2017, y finalizado en su totalidad antes del 31 de diciembre 2017.

La LTP incluyó dentro de las causales del Impuesto al Control de Sociedades Anónimas la redomiciliación de una sociedad extranjera a Uruguay.


Regresar